A mediados de abril, el equipo jurídico del Ministerio de Derechos Humanos, a cargo de Tiki Marchesini, tomó conocimiento de un inminente desalojo previsto para los ocupantes de terrenos de la Chacra 187 de Posadas, Misiones, Argentina.
Fue el doctor Fabián Oudín, titular de la Secretaría de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos del Poder Judicial quien alertó a la ministra y a los abogados de Derechos Humanos del trámite de desalojo que se llevaba a cabo desde el Juzgado de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial Nro 3.
Inmediatamente los doctores Maximiliano Haene y Joaquín Cabral de la Dirección de Asuntos Jurídicos de DDHH redactaron una nota para solicitar ser incluidos en el expediente tramitado y así solicitar la suspensión del desalojo, de acuerdo a la ley Nro 12-29 que establece la suspensión hasta el 31 de agosto de 2016. Cabe mencionar que para poder estar encuadrados en los requisitos de la ley, los solicitantes debían estar inscriptos en un padrón cuyo órgan
o de aplicación es el IPRODhA. En este caso de la Chacra 187, 57 se encontraban empadronados, sobre un total de 95 familias que representan a aproximadamente 350 personas, lo cual constaba en el oficio enviado al Ministerio. Es necesario agregar que en el empadronamiento total realizado en el 2015 en toda la provincia, solo se registraron 150 casos, lo que significa que más del tercio correspondía a estas familias.
Haciendo un poco de historia, ellas viven en el lugar desde hace más de 45 años, y ya son cuatro generaciones las que se encuentran arraigadas allí. Cuando se instalaron, allá por la década del ´60, esa zona era monte casi cerrado… Incluso los colectivos de línea no llegaron por años y cuando comenzaron a hacerlo solo lo hacían hasta la avenida San Martín. Al pasar el tiempo y sobre todo en los últimos 15 años, la inversión del Estado en calles y avenidas, además de la mejoría de todos los servicios públicos, fue haciendo de la zona no solo un lugar accesible, sino de más que atractivo desarrollo urbano, teniendo en cuenta la concreción de la Avenida Costanera.
De todo esto fueron testigos los vecinos de la Chacra, quienes siempre tuvieron la intención de pagar por la tierra que estaban ocupando.
Sin embargo, no fue sino hasta el ´99 que comenzaron los problemas, porque los que figuran como dueños del lugar aunque nunca hayan vivido allí, no querían acceder a las distintas propuestas presentadas por el Estado por considerar que sus tierras tenían un valor millonario y muy superior a la oferta.
Desde 1999 se hicieron tres tasaciones que fueron rechazadas sucesivamente, generando en las familias la angustia de la incertidumbre respecto a la adquisición de sus viviendas.
Eso mismo sucedía hasta este abril en que el Ministerio de Derechos Humanos intervino, aunque el escrito presentado el día 5 por sus abogados para solicitar la suspensión de desalojo prevista en la Ley no fue aceptado por el Juzgado, que argumentó que ellos no tenían participación en el expediente y no tuvo en cuenta que se trataba de la intervención de un organismo del Estado, con la plena habilitación y poder de participar en todos los actos que impliquen la vulneración de los derechos de las personas.
Así las cosas, la decisión de la ministra Tiki Marchesini fue continuar con la asistencia a las personas que cortaron la avenida Urquiza como forma de reclamo, y las familias fueron informadas de sus derechos para poder exigir la suspensión de desalojo tanto como la necesidad de recurrir a la ley de expropiación para poder adquirir las tierras a un precio justo. Esto hacía necesario también que los responsables del poder político tomaran cartas en el asunto y entonces los abogados recomendaron el relevamiento de datos de las familias, con sus partidas de nacimiento, sus condiciones de salud, de trabajo, etc. y también redactaron la nota que los vecinos llevaron puerta por puerta a cada uno de los cuarenta diputados de la Cámara de Representantes.
Así y todo la posibilidad de ser echados de sus casas seguía firme. El 27 de abril era la fecha establecida por el Juzgado para obligar a los vecinos a abandonar sus casas.
El equipo que la Ministra Marchesini destacó para que estuviera en permanente disposición para la defensa de los derechos de las familias se encontraba presente cuando llegaron los efectivos policiales, y exigieron junto a los vecinos que se cumpliera con la Ley 12-29 de suspensión de desalojo hasta agosto de 2016. Eso y las inclemencias del tiempo lograron que la policía se retirara.
A partir de allí el caso tuvo cada vez más cobertura mediática y se fueron acercando distintas autoridades. El primero en hacerlo al trabajo que realizaba el equipo del Ministerio fue el diputado del Pays Martín Sereno y luego se fueron sumando los otros de las diferentes bancadas.
Mientras tanto, comenzó el frío y las lluvias tampoco tardaron, lo que significó el empeoramiento de las condiciones de la carpa que montaron los vecinos, y que los problemas de salud se hicieran presentes. Ante esto, el Ministerio intensificó la asistencia con colchones, frazadas y otros abrigos, además de mercadería y artículos de primera necesidad.
Igualmente, los abogados del Ministerio presentaron un nuevo escrito ante el Juzgado Nro 3 en los primeros días de mayo, en el que le recordaron que DDHH no solo tiene pleno poder de intervenir en toda causa que ponga en riesgo los derechos de las personas según lo establece la Constitución, sino que la Ley 12-29 tiene aplicación per se, lo que significa que todos los desalojos que se encuadran dentro de la misma deben ser suspendidos hasta agosto de 2016, sin que los afectados deban reclamar su aplicación. Mencionaron también que la ley apela al sentido social que debe primar en las causas que tienen que ver con el uso de la vivienda única y familiar.
De todas maneras, la nota firmada por todas las familias afectadas, con sus datos y condiciones de vida, que fuera enviada a los 40 diputados, tuvo la mejor de las resoluciones cuando tomó conocimiento de la misma el Ing. Carlos Eduardo Rovira.
El presidente de la Cámara de Representantes inmediatamente redactó el proyecto para expropiar los terrenos y facilitar que los vecinos de hace casi 50 años pudieran, finalmente, adquirirlos a un precio justo.
La aprobación unánime de la expropiación tuvo lugar en la emotiva sesión del jueves pasado, 12 de mayo… Los vecinos de la Chacra 187 asistieron y esperaron largas horas hasta que se produjo el tratamiento y escucharon emocionados las palabras de todos los diputados que se refirieron al acto de justicia que se llevaba a cabo. Hugo Escalada, diputado de Vanguardia Radical, puso el acento en el hecho de que fue el Poder político, es decir el Legislativo, y no el Estado en su conjunto, que está conformado por tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) el que llevó adelante la solución que reclamaban los vecinos mediante la gestión del Ministerio de Derechos Humanos como parte del Ejecutivo Provincial. Con igual énfasis señaló que el Poder Judicial, con los jueces que no aplicaron la ley, no estuvo a la altura de sus funciones.
En los balcones del recinto de la Casa del Pueblo, abuelos, adolescentes, madres con bebés, hombres duros y sufridos, mujeres fuertes como Vilma Acosta y Lidia Ibarra... todos se emocionaban por igual. Abajo, en el sector de las autoridades invitadas, la ministra de Derechos Humanos hacía un gesto silencioso: el de entregar su corazón…
Esta mañana, sábado 28 de mayo, funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos, que dirige Tiki Marchesini, hicieron entrega de 80 módulos alimentarios a las cooperativas Renovando Misiones, del Barrio Ex Hipódromo, y Forjando Futuro del Barrio Néstor Kirchner.
